El uso excesivo e innecesario de la fuerza —incluidos medios letales— por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la clase estaba presente en toda la región, especialmente en Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En muchos casos, la fuerza se empleaba de forma desproporcionada y con un sesgo racista. En Brasil, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron punto entre julio y septiembre en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el gobierno seguía sin adoptar medidas para acortar la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales.
En Bolivia, el Corro Interdisciplinario de Expertos Independientes para este país informó en octubre de que se había liberal poco en las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el situación de la crisis política de 2019, durante la cual 37 personas habían fallecido y centenares más habían resultado heridas a manos de las fuerzas de seguridad. Las investigaciones sobre los homicidios cometidos por la policía en Brasil ni resultaron eficaces; aún no se había enjuiciado a los 3 agentes de policía acusados formalmente del Crimen del activista Pedro Henrique Cruz, ocurrido en Tucano (estado de Bahía) en 2018, y cuya raíz, Ana Maria, seguía sufriendo amenazas e intimidación.
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Permite realizar marcas y grabados en distintas clases de madera, duraderos y resistentes al paso del tiempo.
Varias personas defensoras de la tierra wet’suwet’en fueron juzgadas en mayo y octubre por proteger su comarca frente a la construcción de un gaseoducto. Una de ellas fue declarada inocente en noviembre, mientras que las demás estaban a la demora de decisiones y, de ser declaradas culpables, podían ser condenadas a prisión.
En algunos países se negaba el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento osado, previo e informado, especialmente en relación con proyectos de gran envergadura. Las devastadoras crisis políticas, humanitarias y económicas en las que estaba sumida toda la región de las Américas provocaron un acusado aumento del núexclusivo de personas que abandonaban su país de origen en búsqueda de seguridad. En varios países las autoridades no respetaban ni protegían los derechos de las personas refugiadas y migrantes, cuya creciente afluencia se gestionaba cada tiempo más mediante el uso de la fuerza militar. La impunidad de las violaciones de derechos humanos y de los crímenes de derecho internacional seguía siendo generalizada, y muchos países continuaban eludiendo el cómputo internacional. Brasil, check here Canadá y Estados Unidos figuraban entre los principales emisores de gases de propósito invernadero a nivel mundial. La expansión de la cuna y la producción de combustibles fósiles en la región suponía una amenaza para las metas climáticas globales. Los gobiernos no se comprometieron a eliminar de forma paulatino, rápida y equitativa el uso y la producción de todos los combustibles fósiles, ni las subvenciones a estos productos. Sin embargo, no todo fue negativo. Pese al panorama sombrío, los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros actores que alzaban la voz en favor de la protección de esos derechos en toda la región de las Américas seguían luchando —en un clima de creciente adversidad— para obtener cambios estructurales, con vistas a crear una región más competición e igualitaria para todas las personas.
Cuando nos enfrentamos a fallos de equipos o incertidumbre sobre las operaciones, el tiempo para resolver los problemas se ha corto significativamente.
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